El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y actualiza infracciones y sanciones.

El objetivo es una cadena de valor más justa y equitativa mediante la protección de los operadores que ocupan una posición más débil, la transparencia en la formación de precios y el estímulo de las relaciones comerciales (Fuente).